Por decreto se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos transgénicos. Se atendieron fuertes reclamos de campesinos mayas.
El pasado miércoles 26 de octubre se publicó en el Diario Oficial de Yucatán el Decreto 418/2016, que convierte al estado en zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados (OGM). Esto ocurre luego de numerosos reclamos encabezados por Angélica Ek y Feliciano Ucán, dirigentes apícolas mayas de Hopelchén, Campeche (Península de Yucatán).
En el año 2012, el gobierno mexicano otorgó un permiso a Monsanto para sembrar con fines comerciales soja transgénica resistente al glifosato. En consecuencia, Angélica y Feliciano presentaron diversos amparos alegando que estas actividades estaban estrechamente ligadas con violaciones a los derechos humanos y a crímenes contra la naturaleza.
“Lamentablemente las autoridades encargadas de los temas agrícolas y del medio ambiente omitieron considerar los dictámenes de los órganos técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas en el sentido de denegar el permiso, dado sus impactos potenciales, como podía ser el destino final del herbicida en los mantos freáticos”, apuntó el colectivo MaOgm, que sostiene un posicionamiento activo y crítico frente a los OGM.
Al impacto ambiental y las graves consecuencias en la salud humana, se le ha sumado el riesgo que estos cultivos implican para el mercado de miel de exportación. “El mercado está en riesgo, dado el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos y, en el caso de la miel, ya que presentó restos de polen de soja transgénica”, advierten desde MaOgm.
Los cultivos transgénicos utilizan semillas creadas en laboratorios que, desde la década de los ochenta, pueden ser patentadas por las empresas de biotecnología que las producen. Esto significa que los campesinos deben comprar temporada tras temporada las semillas genéticamente modificadas a unas pocas compañías multinacionales. “Empresas como Monsanto contribuyen a un proceso de ‘descualificación’ de los productores rurales, quienes experimentan cada vez menos con sus semillas y dependen cada vez más de las empresas”, explica Glenn Stone, antropólogo especialista en cultivos transgénicos de la Universidad de Washington.
A pesar de este logro, los reclamos serán elevados a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, con la esperanza de brindar material de prueba para todas aquellas personas que sufran violaciones a los derechos humanos como consecuencia de este tipo de actividades. “Se apelará a la conciencia de la ciudadanía y de los políticos acerca de las malas prácticas que estas empresas desarrollan y su impacto sobre el medio ambiente, la salud de las personas, los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en las semillas transgénicas y en los agroquímicos, ligado al derecho humano al agua y a la alimentación que se ven vulnerados”, concluye el colectivo mexicano MaOgm.
Fuente: Diario de Yucatán.
Fuente foto: E5LN.